Renegociación y Restructuración de Deuda y Patrimonio

En casos de sobreendeudamiento e imposibilidad de pago bien inmediata, próxima o ya declarada, o bien en situaciones de colapso económico-financiero, el servicio irá dirigido a negociar con las entidades financieras acreedoras, normalmente bajo el objetivo de una reestructuración de la deuda y alargamiento de los plazos que permita una recuperación al cliente y cierto desahogo. Paralelamente se tratará de afectar los bienes imprescindibles a la refinanciación en garantía de la misma blindando o dejando fuera aquellos que no sean imprescindibles para el desempeño de la actividad profesional. Todo ello requerirá de un estudio individualizado y pormenorizado, para lo que se solicitará al cliente la presentación de toda la documentación necesaria para ello: económica, financiera, patrimonial y de negocio. Se trata de evitar una situación concursal, o en su caso, organizarla de cara al futuro adecuadamente.

Proceso: Con el análisis de la documentación se organizará y planificará la estrategia a seguir y plantear con las entidades financieras, manteniendo para ello con estas y el cliente las reuniones precisas. Antes de proponer y aceptarse una propuesta de acuerdo el cliente necesariamente será quien acepte la misma.

Coste: El coste básico por los servicios de asesoramiento relativos a la renegociación de deuda y en su caso reestructuración de patrimonio asciende a la cantidad de 1.000,00 € más IVA y será pagadera a la contratación de los servicios profesionales.

Dicho importe se refiere a pasivos inferiores a 300.000,00 €, en caso de importes iguales o superiores a dicha cifra el importe se negociará directamente con el cliente atendida la complejidad de la situación, número de entidades afectadas, de inmuebles y del negocio o actividad profesional/mercantil del propio cliente.

En todo caso, no se encuentran incluidos impuestos, tributos, tasas, gravámenes, costes, gastos de cualquier tipo relativos a la intervención de terceros, señalándose a título enunciativo que no limitativo a Notarios, peritos, Registros, Hacienda Pública, Haciendas Locales o autonómicas, Auditores, expertos contables, APIS, etc., u otros profesionales cuya intervención y/o actuación resultare precisa.

Liquidación Societaria

Liquidación[1] Societaria. En numerosas ocasiones la actividad mercantil de una sociedad no resulta posible continuarla por razones económicas, por problemas de gestión, por diferencias entre los socios, por bloqueos de los órganos societarios, o por exigencia legal (básicamente que los fondos propios sean inferiores a la mitad del capital social). En estos casos se trata de evitar en primer término que los Administradores de hecho y/o de derecho de la compañía puedan resultar responsables personalmente de las deudas sociales, fundamentalmente en lo que se refiere a las administraciones públicas (Hacienda y Seguridad Social). En ese marco de situación, es recomendable, necesario y en ocasiones exigible acometer la liquidación de la compañía mediante la adopción de acuerdos de carácter societario que parten de la disolución y apertura del periodo de liquidación de la sociedad, con nombramiento de liquidador/liquidadores, pudiéndose incluso profesionalizar esta tarea o función. En ocasiones la liquidación societaria se acomete como un paso previo a otras medidas necesarias, tales como el preconcurso, y posterior concurso de acreedores.

Proceso: Con el análisis de la documentación se organizará y planificará la estrategia a seguir coordinadamente con el órgano de administración y los socios, en la medida de lo posible, fundamentalmente se tratará de poder convocar y celebrar Juntas de Socios a los fines de adoptar los acuerdos imprescindibles que permitan su posterior elevación a público y su inscripción en el Registro Mercantil. Ello será posible mediante el examen previo de la documentación que facilite el cliente de carácter societaria, económica y financiera, patrimonial y contable.

Coste: El coste básico por estos servicios asciende a la cantidad de 2.000,00 €[2] más I.V.A., y será pagadera a la contratación de los servicios profesionales.

Dicho importe se refiere a compañías con una facturación inferior a 300.000,00 €, y con socios de referencia que controlen el capital necesario para la adopción de los acuerdos. En caso de importes iguales o superiores a dicha cifra o atomización del capital social sin mayorías claras, el coste se negociará directamente con el cliente atenida la complejidad de la situación, número de socios, mayorías necesarias, y del negocio o actividad profesional/mercantil del propio cliente.

En todo caso, no se encuentran incluidos impuestos, tributos, tasas, gravámenes, costes, gastos de cualquier tipo relativos a la intervención de terceros, señalándose a título enunciativo que no limitativo a Notarios, peritos, Registros, Hacienda Pública, Haciendas Locales o autonómicas, Auditores, expertos contables, APIS, etc., u otros profesionales cuya intervención y/o actuación resultare precisa.

[1] Referida a la adopción del acuerdo de disolución, apertura del periodo de liquidación y nombramiento de liquidador.

[2] Referido a supuestos de adopción del acuerdo de disolución y liquidación simultaneas o en aquellas que la liquidación se difiera no más allá de 6 meses desde que fue acordada.

Concurso Express

En determinados supuestos previstos por la Ley 22/2013, de 9 de julio, Concursal, las compañías y los profesionales, en caso de situación de insolvencia pueden acogerse a los beneficios del denominado Concurso Express, cuya finalidad no es otra que en una situación clara de imposibilidad de pago de las deudas y que no puedan acogerse al mecanismo de exoneración (Segunda Oportunidad) para evitar la derivación de responsabilidades personales, precisamente al Administrador/Gestor del negocio o compañía (fundamentalmente por parte de hacienda, Seguridad Social y Acreedores), se trata de presentar el Concurso solicitando su apertura y cierre por falta de masa o de activos con los que afrontar el pago mínimo de las deudas y ni tan siquiera poder atender los costes del Concurso. En este caso, se obtiene una resolución judicial por la que sin nombrar Administración Concursal se declara el fin del Concurso y la liquidación de la compañía, procediendo la misma a causar baja incluso en el Registro Mercantil. Se trata de un mecanismo que bien llevado puede resultar muy eficaz y exitoso.

Proceso: Se trata de un procedimiento judicial que se inicia por una solicitud/demanda del cliente, al que hay que acompañar determinada documentación de determinada forma, para ello es fundamental la ausencia de actividad, la ausencia de trabajadores y de activos.

Coste: El coste básico por los servicios de asesoramiento relativos al concurso express asciende a la cantidad de 3.000 € más IVA y será pagadera a la contratación de los servicios profesionales.

Dicho importe se refiere a compañías/autónomos con una deuda inferior a 300.000 €, en caso de importes iguales o superiores a dicha cifra el coste se negociará directamente con el cliente atenida la complejidad de la situación, número de acreedores, el negocio o actividad profesional/mercantil del cliente, la existencia o no de trabajadores, etc…

No se encuentra incluido en el importe ni la necesidad de afrontar una extinción colectiva/individual de trabajadores. En caso de apertura de oficio de la declaración de concurso; los honorarios serán los previstos para el Concurso Ordinario/ Abreviado (pinchar) debiendo satisfacerse la diferencia de honorarios (3.000 € más I.V.A.) al momento de la declaración judicial de Concurso. Asimismo la preparación de la contabilidad para su adecuación a la presentación del Concurso Express será objeto de presupuesto, aparte, así como la puesta al día, en su caso, de la compañía a nivel societario (libros de actas, registro de socios, escrituras, etc..).

En todo caso, no se encuentran incluidos impuestos, tributos, tasas, gravámenes, costes, gastos de cualquier tipo relativos a la intervención de terceros, señalándose a título enunciativo que no limitativo a Notarios, peritos, Registros, Hacienda Pública, Haciendas Locales o autonómicas, Auditores, expertos contables, APIS, etc., u otros profesionales cuya intervención y/o actuación resultare precisa.

Segunda Oportunidad

Se trata de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad o Acuerdo Extrajudicial de Pagos, Ley 25/2015 de 28 de julio, con la finalidad última de lograr la exoneración (condonación) del pago de las deudas o, en su caso, el pago parcial y aplazado de las mismas. Se trata en definitiva de que particulares y pequeñas empresas que tras o en una situación de crisis/insolvencia a través de este mecanismo se les permita continuar con su actividad profesional/mercantil, limitando las deudas existentes, las cuales pueden llegar a desaparecer totalmente en determinados supuestos, o en caso de no alcanzarse la exoneración total podrán reducirse de forma muy importante con unos plazos de pago también atractivos, medidas todas ellas que pueden permitir la rehabilitación/ continuidad de la actividad

Proceso: Con el análisis de la documentación se organizará y planificará la estrategia a seguir, que implica actuaciones en el plano mercantil, extraconcursal y concursal, pues se trata de a través del mecanismo del acuerdo extrajudicial de pagos intentar alcanzar un acuerdo con los acreedores y en caso negativo utilizar el mecanismo del Concurso para lograr la exoneración de la deuda, o en su caso su minoración, para ello habrá que cumplir una serie de requisitos procedimentales y sustantivos legalmente establecidos siendo necesario para ello el examen previo de la documentación que facilite el cliente de carácter societaria, económica y financiera, patrimonial y contable.

Coste: El coste básico por los servicios de asesoramiento relativos a la liquidación societaria asciende a la cantidad de 4.000 € más IVA y será pagadero a la contratación de los servicios profesionales.

Dicho importe se refiere a compañías/autónomos con una deuda inferior a 300.000 €, en caso de importes iguales o superiores a dicha cifra el coste se negociará directamente con el cliente atenida la complejidad de la situación, número de acreedores, el negocio o actividad profesional/mercantil del cliente, etc…

En todo caso, no se encuentran incluidos impuestos, tributos, tasas, gravámenes, costes, gastos de cualquier tipo relativos a la intervención de terceros, señalándose a título enunciativo que no limitativo a Notarios, peritos, Registros, Hacienda Pública, Haciendas Locales o autonómicas, Auditores, expertos contables, APIS, etc., u otros profesionales cuya intervención y/o actuación resultare precisa.

Concurso ordinario/abreviado

En situación de insolvencia bien actual bien inminente, las compañías mercantiles y/o autónomos están obligados por ley a solicitar en tiempo y forma el Concurso de Acreedores: si no lo hacen pueden incurrir en responsabilidad personal, pudiéndoseles exigir el pago de las deudas sociales y trabar su patrimonio. Se trata de un mecanismo cuyo objetivo es bien alcanzar un acuerdo de pago con los acreedores a través de un convenio, o si no es posible o no resulta viable, directamente articular la liquidación de la compañía a través del proceso concursal. Se trata fundamentalmente de intentar viabilizar la compañía o si no es posible liquidarla de forma ordenada dejando que las deudas se satisfagan hasta donde se alcance con el patrimonio societario

Proceso: Se trata de un procedimiento judicial que se inicia por una solicitud/demanda del cliente, al que hay que acompañar determinada documentación de determinada forma y en determinado tiempo. El Juzgado nombrará una Administración Concursal que dependiendo de las circunstancias tutelará o intervendrá la gestión de la compañía o directamente la asumirá en sustitución de los gestores/administradores. Existen distintos tipos de proceso concursal (abreviado y ordinario) a los que habrá que acogerse dependiendo de la tipología de la empresa.

Coste: El coste básico asciende a 6.000 € más IVA y será pagadera a la contratación de los servicios profesionales.

Dicho importe se refiere a compañías/autónomos con una deuda inferior a 300.000 €, en caso de importes iguales o superiores a dicha cifra el coste se negociará directamente con el cliente atenida la complejidad de la situación, número de acreedores, el negocio o actividad profesional/mercantil del cliente, la existencia o no de trabajadores, etc…

No se encuentra incluido en el importe ni la necesidad de afrontar una extinción colectiva/individual de trabajadores, tampoco se encuentra la defensa personal de los Administradores en supuestos de declaración de culpabilidad/complicidad, que serán en todo caso negociados aparte. Asimismo la preparación de la contabilidad para su adecuación a la presentación del Concurso será objeto de presupuesto aparte, así como la puesta al día, en su caso, de la compañía a nivel societario (libros de actas, registro de socios, escrituras, etc..).

En todo caso, no se encuentran incluidos impuestos, tributos, tasas, gravámenes, costes, gastos de cualquier tipo relativos a la intervención de terceros, señalándose a título enunciativo que no limitativo a Notarios, peritos, Registros, Hacienda Pública, Haciendas Locales o autonómicas, Auditores, expertos contables, APIS, etc., u otros profesionales cuya intervención y/o actuación resultare precisa.

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